Si usted piensa que vivimos en una democracia, permítame decirle que está profundamente equivocado. Lo que tenemos aquí es donde las instituciones son botín de guerra, el derecho constitucional es letra muerta, y los ciudadanos somos espectadores de un show que pagamos con nuestros impuestos mientras nuestros valores se desintegran.
En Ecuador hemos perfeccionado el arte de simular que somos una república de derecho mientras operamos como una hacienda familiar donde cada nuevo gobierno llega a repartir las tierras entre sus allegados, violando sistemáticamente el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución. Y nosotros, los ingenuos ciudadanos, seguimos creyendo que votar cada cuatro años nos convierte en protagonistas de la democracia.
El carrusel de la impunidad
Observemos el patrón que se repite con precisión matemática en cada cambio de gobierno: llega el nuevo mandatario prometiendo transparencia y lucha contra la corrupción. Los primeros seis meses dedica su tiempo a «descubrir» las corruptelas de la administración anterior. Los siguientes dieciocho meses los invierte en consolidar su propio sistema de prebendas. Y los últimos dieciocho meses los utiliza para blindar a sus allegados antes de entregar el poder.
Este ciclo viola frontalmente el artículo 11 de nuestra Constitución que establece el principio de igualdad y no discriminación. Pero aquí la ley se aplica según el color político, contradiciendo además el mandato bíblico de que «no habrá acepción de personas en el juicio» (Deuteronomio 1:17).
Es un carrusel perfecto donde cada administración es víctima de la anterior y victimaria de la siguiente, mientras que el Estado de Derecho se convierte en estado de chueco. Los ciudadanos pagamos los platos rotos de esta guerra de mafias que se turnan en el poder, violando sistemáticamente nuestros derechos fundamentales a la seguridad jurídica y al debido proceso.
¿Alguien recuerda cuántos «casos del siglo» hemos tenido en los últimos años? ¿Cuántos funcionarios han terminado presos por corrupción solo para ser liberados cuando cambia el gobierno? ¿Cuántas investigaciones «definitivas» han terminado archivadas en gavetas?
La fábrica de ilusiones
Nuestro sistema político se ha convertido en una máquina perfecta para producir esperanza y entregar desilusión. Cada elección nos venden la narrativa del cambio, del Ecuador nuevo, de la transformación definitiva. Y cada vez caemos en la misma trampa.
Los candidatos llegan con powerpoints llenos de propuestas revolucionarias, consultores internacionales que les diseñan estrategias de comunicación y equipos de campaña que prometen lo imposible. Una vez en el poder, descubren que gobernar es más complejo que hacer campaña, pero nunca lo admiten públicamente.
¿El resultado? Un país donde la política se ha vuelto un espectáculo de reality show donde importa más el rating que la gestión. Donde los funcionarios miden su éxito por los trending topics que generan, no por los problemas que resuelven.
´´El síndrome del funcionario eterno´´
En Ecuador hemos desarrollado una especie particular: el funcionario que nunca muere. Son esos personajes que aparecen en todas las administraciones, cambiando de camiseta con la facilidad de un camaleón. Hoy son revolucionarios, mañana son conservadores, pasado mañana son progresistas. Su única ideología constante es mantenerse cerca del poder.
Estos especímenes han convertido el Estado en su oficina personal, donde los cambios de gobierno son simplemente reorganizaciones administrativas que no afectan su estabilidad laboral. Conocen todos los secretos, manejan todas las redes y sobreviven a todos los terremotos políticos.
Son los verdaderos dueños del país, los que saben dónde están enterrados los cadáveres y quién tiene las llaves de qué gavetas. Mientras los presidentes van y vienen, ellos permanecen, tejiendo sus redes y consolidando su poder en las sombras.
La justicia de geometría
Uno de los fenómenos más fascinantes de nuestra democracia es cómo la justicia funciona con criterios geométricos. Para algunos es una línea recta que va directo al calabozo. Para otros es un círculo que siempre los devuelve a la libertad. Y para unos pocos selectos es una espiral que los eleva hacia la impunidad total.
Esto constituye una violación flagrante del artículo 76 de la Constitución que garantiza el derecho al debido proceso, y del artículo 168 que establece la independencia judicial. Pero más grave aún: contradice el principio fundamental de que «ante Dios no hay acepción de personas» (Romanos 2:11), base de toda justicia verdadera.
Hemos normalizado que la justicia dependa más del apellido del acusado que de la gravedad del delito. Que los casos se archiven o se reactiven según el clima político. Que las investigaciones avancen o se estanquen dependiendo de quién esté en el poder. En términos jurídicos, esto se llama prevaricato. En términos morales, esto se llama corrupción. En términos espirituales, esto se llama pecado contra la justicia.
Y lo más grave: hemos aceptado que esto es normal. Que vivir en un país donde el principio de legalidad del artículo 226 constitucional es papel mojado es el precio que debemos pagar por la «estabilidad democrática».
El problema de fondo en la política no es técnico; es espiritual. Tenemos líderes que han perdido el temor de Dios y que creen que el poder les da derecho a hacer lo que les plazca. Mientras sigamos eligiendo a personas que no reconocen autoridad superior a sus propios intereses, seguiremos cosechando corrupción y fracaso. ~ Vargas Mite George.
El ciudadano ornamental
En esta república de compadres, nosotros, los ciudadanos, cumplimos una función meramente decorativa. Existimos para validar con nuestros votos las decisiones que otros toman en círculos a los que nunca tendremos acceso. Somos el público necesario para que el espectáculo democrático tenga credibilidad.
Nos consultan cada cuatro años qué máscara preferimos que use el poder, pero nunca nos preguntan si queremos cambiar la obra de teatro. Podemos elegir entre actores, pero no podemos cambiar el guión
El resultado es una ciudadanía cada vez más cínica, más desconfiada, más convencida de que la política es «cosa de otros». Una población que ha perdido la fe en las instituciones porque ha comprobado, una y otra vez, que esas instituciones no trabajan para ella.
La esperanza, pero de los ingenuos
Cada cierto tiempo aparece un personaje que promete ser diferente. Que viene de afuera del sistema, que no tiene compromisos con nadie, que va a cambiar todo. Y una parte de la población, desesperada por creer, se monta en esa nueva ilusión.
Pero el sistema tiene una capacidad digestiva impresionante. Absorbe a los revolucionarios y los convierte en administradores. Domestica a los outsiders y los transforma en políticos tradicionales. Corrompe a los puros y los vuelve parte de la maquinaria.
¿Por qué sucede esto? Porque llegan al poder confiando en su propia sabiduría y fortaleza, violando el principio constitucional de que el poder emana del pueblo (Art. 1), pero también ignorando que «la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios» (1 Corintios 3:19).
Creen que su voluntad personal es suficiente para cambiar décadas de corrupción institucional enquistada en violación sistemática del ordenamiento jurídico.
Siempre digo que el mejor gobernador es el que se deja gobernar por Dios, porque quien no reconoce autoridad superior ni constitucional ni divina inevitablemente terminará siendo guiado por sus propias pasiones y las presiones del entorno, convirtiendo el ejercicio del poder público en patrimonio personal, lo cual configura el delito de peculado según nuestro Código Penal.
Un líder que verdaderamente se deja gobernar por principios divinos no negocia su integridad, no transa con la corrupción, cumple religiosamente la Constitución y no confunde el poder temporal con autoridad moral. Pero esos líderes escasean porque nuestra cultura política premia la astucia sobre la honestidad, la popularidad sobre la rectitud, el pragmatismo sobre los principios.
Estamos despiertos, pero adormitados
Ecuador necesita despertar de esta ilusión democrática y reconocer que lo que tenemos es una simulación. Que nuestras instituciones son escenografía y nuestros representantes son actores en una obra que nunca termina.
Siempre digo que el mejor gobernador es el que se deja gobernar por Dios. Porque cuando un líder reconoce que su autoridad no viene de las encuestas ni de los grupos de poder, sino de principios superiores inmutables, entonces gobernará con justicia, humildad y servicio genuino. Pero nuestros políticos han decidido ser sus propios dioses, creando sus propias reglas morales según les convenga.
La verdadera transformación no vendrá de ningún mesías político. Vendrá del día en que tanto gobernantes como ciudadanos entendamos que la democracia sin principios morales sólidos es solo una dictadura de las mayorías. Y que la justicia humana sin fundamento divino es solo venganza organizada.
¿Un veredicto en la historia?
La historia juzgará esta época como la era en que Ecuador tuvo todas las oportunidades para ser un país próspero y las desperdició en guerras de poder entre grupos que se turnaban el control del Estado, violando sistemáticamente el mandato constitucional de construir una sociedad justa, democrática y solidaria.
Tendremos que explicar a las futuras generaciones por qué, teniendo recursos naturales, capital humano y posición geográfica privilegiada, decidimos convertirnos en una república bananera donde la política es negocio, el Estado es botín y la Constitución es papel decorativo.
Pero más que explicar nuestros fracasos jurídicos e institucionales, tendremos que responder por qué como sociedad decidimos apartar a Dios de nuestras decisiones públicas, contradiciendo nuestra propia invocación constitucional «a Dios» en el preámbulo de la Carta Magna.
Por qué pensamos que la ética podía ser negociable y que los principios podían ser flexibles según la conveniencia política, cuando tanto el derecho natural como la ley divina establecen parámetros inmutables de justicia.
Un país que no reconoce autoridad moral superior está condenado constitucionalmente al caos, porque como dice el artículo 84: «la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución». Pero sin fundamento moral trascendente, cada quien hace lo que le parece correcto a sus propios ojos, y eso no es Estado de Derecho; es anarquía disfrazada de institucionalidad.
La pregunta ya no es cuándo llegará el cambio. La pregunta es si estaremos dispuestos a elegir líderes que verdaderamente se dejen gobernar por principios inmutables constitucionales y divinos, o si seguiremos prefiriendo políticos que nos prometan lo que queremos escuchar aunque sepamos que van a fallar tanto a la ley como a la moral.
Porque al final del día, tenemos exactamente los líderes que reflejan nuestros propios valores. Y hasta que no estemos dispuestos a exigir rectitud por encima de popularidad, cumplimiento constitucional por encima de conveniencia, y temor de Dios por encima de cálculo político, seguiremos cosechando exactamente lo que hemos sembrado: un Estado fallido disfrazado de democracia.
