Detalles del caso
- Accionantes: Farith Simon Campaña, Daniela Salazar Marín, Andrea Muñoz Saritama y Adriana Orellana Ubidia.
- Accionados: Estado Ecuatoriano
- N° de Causa: Nro. 28-15-IN
- Año: 2021
- Institución: Corte Constitucional
- Autor del análisis: Roberto Dueñas Aráuz
Antecedentes de hecho
El caso involucra una acción de inconstitucionalidad, la presentaron Farith Simon
Campaña, Daniela Salazar Marín, Andrea Muñoz Saritama y Adriana Orellana Ubidia. La
acción se dirige contra el Art. 106, numerales 2 y 4 del (Código de la Niñez y
Adolescencia, 2003). El caso se inició el 1 de abril de 2015 ante la Corte Constitucional.
El 28 de abril se admitió a trámite. Se dio plazo para opiniones de Presidencia, Asamblea
y Procuraduría. Varias partes intervinieron como amici curiae con argumentos y
perspectivas. Incluyen organizaciones de sociedad civil, expertos en derechos humanos
y abogados de familia. Se realizaron audiencias con descargos y argumentos.
El Art. 106 cuestionado manifiesta reglas expresas para confiar la patria potestad,
para confiar dicha patria potestad en casos previstos en el Art. 307 del (Código Civil,
2005), el Juez luego de escuchar al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones
de expresar su opinión observará las siguientes reglas: 2.- A falta de acuerdo de los
progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo
o hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a
la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija;
(…). 4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre,
siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija… (Código de la Niñez y
Adolescencia, 2003, art. 106)
Esta norma manifiesta, así los dos progenitores gocen de condiciones igualitarias
para la crianza de los menores, se dará como preferencia a la madre. El conflicto se
origina en dicha preferencia materna de la norma. Se refiere a la patria potestad y
tenencia de hijos menores de doce años. Se aplica cuando no hay acuerdo entre
progenitores o es perjudicial para el niño. La norma establece que la patria potestad se
confía a la madre, salvo que perjudique al niño o niña. También preferencia a la madre
si ambos progenitores tienen condiciones iguales y no afecta al niño.
Los accionantes manifiestan que esta preferencia vulnera el principio de igualdad.
Argumentan que distingue por género para patria potestad y tenencia. Esto perpetúa
estereotipos de género y contradice igualdad entre hombres y mujeres. Afirman que la
distinción es injustificada y no es adecuada para un fin constitucionalmente válido.
No se solicita que la Corte Constitucional resuelva quitar la custodia materna, se
pretende un régimen compartido de cuidado de hijos entre progenitores. Los derechos y
obligaciones de crianza deben ser de madre y padre. El objetivo es cuidado integral de
menores, con participación tanto paterna como materna según prevé la ley y
Constitución.
Decisión Jurídica
La decisión de la Corte Constitucional de Ecuador se basó en el análisis de la ley
y doctrina aplicables. También en la interpretación de principios constitucionales
relevantes. La sentencia del Pleno de la Corte, con el Juez Ponente Enrique Herrería
Bonnet, aborda en detalle los argumentos de las partes y los problemas jurídicos
identificados. Realiza un análisis exhaustivo de la normativa impugnada.
La base legal es la Constitución de 2008. Resalta los artículos sobre igualdad
formal y material, no discriminación por género, e igualdad y no discriminación de niños,
niñas y adolescentes. El análisis jurídico se apoya en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre competencia de la Corte. También en el
Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente el Art. 106 impugnado sobre
preferencia materna. En la doctrina, la Corte se basa en interpretación de instrumentos
internacionales sobre igualdad y no discriminación. Se hace referencia a jurisprudencia
internacional y estándares de derechos humanos para respaldar la interpretación.
La sentencia aborda los antecedentes del caso, la presentación de la acción y el
proceso ante la Corte. Describe en detalle los argumentos de las partes: accionantes,
Asamblea, Procuraduría, Presidencia y Amici Curiae. El análisis de los problemas
jurídicos es estructurado. Aborda temas como adecuación, necesidad y proporcionalidad
de la norma impugnada. Profundiza en la interpretación de la preferencia materna en el
contexto de la patria potestad y tenencia de hijos menores de doce años.
Considera su impacto en principios como igualdad de género, no discriminación e
interés superior del niño. El análisis se sustenta en argumentos legales, doctrinarios y
jurisprudenciales. Evalúa de forma crítica y reflexiva la constitucionalidad de la norma
impugnada. Aborda temas como distinción de género, corresponsabilidad parental y
violencia vicaria. Propone parámetros para evaluar caso por caso la tenencia de niños,
niñas y adolescentes.
La corresponsabilidad parental ha evolucionado en el campo de la familia. Impacta
las relaciones entre padres e hijos. Permite una convivencia pacífica tras el divorcio, deja
de lado controversias por la custodia. Acorta brechas de desigualdad, prioriza que el niño
crezca con ambos padres.
La preferencia materna se basa en consideraciones socioculturales, supone que
la madre está mejor dotada para criar, por su cercanía con los hijos tras el parto. La
corresponsabilidad implica que ambos padres críen por igual.
El deber de ambos padres es contribuir igualmente al desarrollo, crecimiento,
educación, salud y cuidado de los hijos.
El divorcio hace que emerja el conflicto entre preferencia materna y
corresponsabilidad. La ruptura rara vez termina bien los padres mezclan problemas
personales con maternidad y paternidad divorciada. Esto afecta la salud psicológica de
los hijos.
La Corte Constitucional considera que la preferencia materna no responde al
Interés Superior del Niño. Lesiona la igualdad y derechos del padre, si bien esto reafirma
la prioridad de los niños, también abre dudas sobre dinámicas de violencia de género no
superadas, incluso hay episodios de recrudecimiento.
La discusión pide eliminar estereotipos de género. Como que las mujeres son
inevitables cuidadoras. Y los hombres desapegados, agresores e incapaces de cuidar.
Es una tensión compleja de la que no ha estado exento el máximo Tribunal
Constitucional del Ecuador.
Finalmente, la decisión declara la inconstitucionalidad de frases del Art. 106
impugnado. Esto en consonancia con los principios de igualdad, no discriminación,
interés superior del niño y corresponsabilidad parental. Establece parámetros para la
evaluación caso por caso de la tenencia. La sentencia ofrece una base legal y doctrinaria
sólida para la interpretación y aplicación de la normativa sobre patria potestad y tenencia.
Análisis Jurídico
Antecedentes:
En esta sentencia N° 28-15-IN/21 se resuelve la acción de
inconstitucionalidad contra el Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador.
Las normas impugnadas del Art. 106 establecen reglas sobre la patria potestad y
tenencia de los hijos en casos de separación de los padres. Específicamente, el numeral
2 señala que la patria potestad de los hijos menores de 12 años se confiará a la madre.
Mientras que el numeral 4 indica que en la tenencia se preferirá a la madre, siempre que
no afecte el interés superior del hijo.
Los accionantes alegan en su demanda que estas normas perpetúan estereotipos
de género y son contrarias a derechos constitucionales. Consideran que violan el
principio del interés superior del niño, el derecho a la igualdad y el principio de
corresponsabilidad parental entre el padre y la madre. Solicitan se declare la
inconstitucionalidad de los numerales impugnados por contravenir derechos
fundamentales al establecer una preferencia materna automática en la patria potestad y
tenencia de los hijos menores de 12 años.
Competencia:
La Corte Constitucional de Ecuador es el órgano competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad. Así lo establecen el Art. 436 numeral 2 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 129) y el Art. 75 de la (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, pág. 25). La Constitución señala que la Corte Constitucional ejercerá control de constitucionalidad y efectuará interpretaciones constitucionales de forma vinculante. La Ley Orgánica desarrolla esta facultad y especifica que la Corte es competente para resolver acciones de inconstitucionalidad contra normas jurídicas contrarias a derechos constitucionales.
Normas impugnadas:
Las normas objeto de la acción de inconstitucionalidad son los numerales 2 y 4 del Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, cuyas frases impugnadas (1) "la patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre" y (2) "se preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija", contenidas en los numerales 2 y 4 de este artículo.
Argumentos de los actores procesales:
Los accionantes Farith Simon Campaña, Daniela Salazar Marín, Andrea Muñoz Saritama y Adriana Orellana Ubidia alegan en su demanda que las normas impugnadas vulneran derechos constitucionales al establecer una preferencia materna automática en la patria potestad y tenencia de menores de 12 años. Sostienen que esta distinción basada en el género viola los principios de igualdad y no discriminación, perpetúa estereotipos sobre la mayor aptitud de las mujeres para la crianza, sacrifica otros derechos como el interés superior del niño que debe primar en estas decisiones, e incumple con la corresponsabilidad parental que implica iguales derechos y deberes de madres y padres.
Consideran también que se aplica de forma rígida sin evaluar cada caso particular, que existen medios alternativos para proteger a los menores, y que no supera un test de proporcionalidad, por lo que solicitan se declare la inconstitucionalidad de estos numerales.
La Asamblea Nacional argumenta:
Que las disposiciones cuestionadas buscan proteger los derechos prevalentes de los niños, su interés superior y estabilidad afectiva. Sostiene que la preferencia materna tiene sustento en la realidad social y cultural de Ecuador donde históricamente la mujer ha tenido un rol principal en el cuidado de los hijos. Afirma también que no se trata de una preferencia absoluta, pues siempre se debe analizar cada caso, y que no existe discriminación ya que la distinción responde a hechos sociales y biológicos que evidencian la importancia especial de la madre en la primera infancia. Su fin es garantizar el bienestar de los menores ante conflictos familiares.
La Procuraduría General del Estado:
Respalda la constitucionalidad de las normas en tanto persiguen la protección integral de los derechos de los niños y niñas sobre la base del principio del interés superior. Sostiene que se toma en cuenta el rol social de la mujer como cuidadora primaria para precautelar la estabilidad de los menores de 12 años en casos de conflicto familiar. Reconoce la corresponsabilidad parental, pero afirma que ante disputas es preciso anteponer las necesidades de cuidado de los hijos para asegurar su desarrollo. Argumenta también que no existe vulneración a la igualdad ante una distinción razonable sustentada en hechos sociales y biológicos.
Amici curiae:
En el marco de la Sentencia No. 28-15-IN/21, se presentaron varios amici curiae que aportaron diferentes perspectivas y argumentos en relación con la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia en Ecuador. A continuación, se enumeran los principales amici curiae que participaron en este proceso:
Paolo Vega López : Presentó un amicus curiae el 23 de agosto de 2019, contribuyendo con su visión sobre la temática en cuestión.
María José Machado Arévalo : El 23 de agosto de 2021, presentó un amicus curiae, aportando su análisis y preocupaciones sobre la normativa impugnada.
María Poema Carrión Sarzosa: En calidad de psicóloga, presentó un amicus curiae el 27 de agosto de 2021, expresando sus preocupaciones sobre la existencia de actuaciones discriminatorias y vulnerabilidades asociadas a factores estructurales.
Carlos Andrés Isch Pérez: Presentó un amicus curiae el 7 de septiembre de 2021, sumando su voz al debate sobre la patria potestad y la tenencia.
Edison Xavier Bayas Moposita: También presentó un amicus curiae el 18 de octubre de 2021, contribuyendo a la discusión sobre los derechos de los niños y la igualdad entre progenitores.
Valeria Patricia Torres Espín: El 31 de agosto de 2021, presentó un amicus curiae, aportando su perspectiva sobre la situación legal en cuestión.
Gabriel Borja Etlis: y otros representantes de diversas organizaciones, quienes presentaron sus escritos en diferentes fechas, enriqueciendo el debate con sus experiencias y conocimientos.
La participación de estos amici curiae fue fundamental para proporcionar un contexto más amplio y diversas perspectivas sobre la normativa en cuestión, lo que permitió a la Corte Constitucional considerar múltiples ángulos antes de emitir su fallo.
Paolo Vega López : Presentó un amicus curiae el 23 de agosto de 2019, contribuyendo con su visión sobre la temática en cuestión.
María José Machado Arévalo : El 23 de agosto de 2021, presentó un amicus curiae, aportando su análisis y preocupaciones sobre la normativa impugnada.
María Poema Carrión Sarzosa: En calidad de psicóloga, presentó un amicus curiae el 27 de agosto de 2021, expresando sus preocupaciones sobre la existencia de actuaciones discriminatorias y vulnerabilidades asociadas a factores estructurales.
Carlos Andrés Isch Pérez: Presentó un amicus curiae el 7 de septiembre de 2021, sumando su voz al debate sobre la patria potestad y la tenencia.
Edison Xavier Bayas Moposita: También presentó un amicus curiae el 18 de octubre de 2021, contribuyendo a la discusión sobre los derechos de los niños y la igualdad entre progenitores.
Valeria Patricia Torres Espín: El 31 de agosto de 2021, presentó un amicus curiae, aportando su perspectiva sobre la situación legal en cuestión.
Gabriel Borja Etlis: y otros representantes de diversas organizaciones, quienes presentaron sus escritos en diferentes fechas, enriqueciendo el debate con sus experiencias y conocimientos.
La participación de estos amici curiae fue fundamental para proporcionar un contexto más amplio y diversas perspectivas sobre la normativa en cuestión, lo que permitió a la Corte Constitucional considerar múltiples ángulos antes de emitir su fallo.
Fundamentos jurídicos:
Los principales fundamentos jurídicos analizados por la Corte Constitucional incluyen la Constitución de la República del Ecuador, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia. La Corte examina especialmente los principios de igualdad y no discriminación, interés superior del niño, corresponsabilidad parental y derecho a la vida familiar. Concluye que las disposiciones impugnadas contravienen estas garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Otros fundamentos jurídicos:
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:
El Artículo 5 establece la obligación de los Estados de modificar patrones socioculturales de conducta para eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en ideas de inferioridad o superioridad de uno de los sexos (CEDAW, 1979).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
El Artículo 26 consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho a igual protección legal sin discriminación (ICCPR, 1966).
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
El Artículo 8 obliga a los Estados a fomentar modificaciones de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para contrarrestar prejuicios y costumbres que legitiman la violencia contra las mujeres (Convención Belém do Pará, 1994).
Código de la Niñez y Adolescencia:
El Artículo 22 garantiza los derechos de los niños a desarrollarse en un ambiente familiar que satisfaga sus necesidades afectivas y materiales (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003).
Estos artículos fundamentan la obligación estatal y social de eliminar patrones culturales discriminatorios y estereotipos de género dañinos, en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación. Respaldan así los argumentos de la Corte Constitucional sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo más justo e inclusivo en el derecho de familia.
El Artículo 5 establece la obligación de los Estados de modificar patrones socioculturales de conducta para eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en ideas de inferioridad o superioridad de uno de los sexos (CEDAW, 1979).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
El Artículo 26 consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho a igual protección legal sin discriminación (ICCPR, 1966).
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
El Artículo 8 obliga a los Estados a fomentar modificaciones de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para contrarrestar prejuicios y costumbres que legitiman la violencia contra las mujeres (Convención Belém do Pará, 1994).
Código de la Niñez y Adolescencia:
El Artículo 22 garantiza los derechos de los niños a desarrollarse en un ambiente familiar que satisfaga sus necesidades afectivas y materiales (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003).
Estos artículos fundamentan la obligación estatal y social de eliminar patrones culturales discriminatorios y estereotipos de género dañinos, en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación. Respaldan así los argumentos de la Corte Constitucional sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo más justo e inclusivo en el derecho de familia.
Decisión Jurídica
El análisis de constitucionalidad es un proceso fundamental en el marco del Estado de derecho, que busca garantizar que las normas y disposiciones legales se ajusten a los principios y derechos consagrados en la Constitución. Este análisis se realiza a través de la revisión de leyes, reglamentos y actos administrativos, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar la supremacía de la Constitución.
En el presente caso, se examinan disposiciones específicas que han sido objeto de impugnación por considerarse contrarias a los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos de la infancia. La Constitución de la República del Ecuador, junto con diversos tratados internacionales ratificados, establece un marco normativo que promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como el interés superior del niño.
La Constitución ecuatoriana y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) consagran el principio de igualdad ante la ley. Esto implica que todas las personas, sin distinción de sexo, deben gozar de los mismos derechos y oportunidades.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las decisiones que afecten a los niños, su interés superior debe ser una consideración primordial. Esto se traduce en la necesidad de garantizar un entorno familiar que favorezca su desarrollo integral.
La normativa debe reflejar la corresponsabilidad de ambos progenitores en la crianza y educación de sus hijos, evitando estereotipos de género que perpetúen la idea de que uno de los padres es el único responsable o el más adecuado para la tenencia.
Las disposiciones impugnadas, en particular aquellas que regulan la tenencia de los hijos, han sido cuestionadas por su posible carácter discriminatorio y por no alinearse con los principios de igualdad y corresponsabilidad parental. Se argumenta que estas normas perpetúan estereotipos de género que asignan roles tradicionales a hombres y mujeres, lo que puede afectar negativamente el desarrollo de los niños y la dinámica familiar.
El análisis de constitucionalidad revela que las disposiciones impugnadas no solo contravienen los principios de igualdad y no discriminación, sino que también desatienden el interés superior del niño y la corresponsabilidad parental. En consecuencia, es imperativo que el legislador revise y modifique estas normas para alinearlas con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano.
Se recomienda la modificación de las disposiciones que regulan la tenencia de los hijos, para garantizar que se promueva la igualdad de derechos entre ambos progenitores y se eliminen los estereotipos de género. Es fundamental implementar programas de sensibilización y capacitación para jueces, abogados y funcionarios públicos sobre la importancia de la igualdad de género y la corresponsabilidad parental en el ámbito familiar.
Se sugiere establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar que las reformas legislativas se implementen de manera efectiva y que se respeten los derechos de todos los involucrados en el proceso de tenencia. Este análisis de constitucionalidad subraya la necesidad de un enfoque integral que promueva la igualdad y la justicia en el ámbito del derecho de familia, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su género, puedan ejercer plenamente sus derechos.
En el presente caso, se examinan disposiciones específicas que han sido objeto de impugnación por considerarse contrarias a los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos de la infancia. La Constitución de la República del Ecuador, junto con diversos tratados internacionales ratificados, establece un marco normativo que promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como el interés superior del niño.
La Constitución ecuatoriana y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) consagran el principio de igualdad ante la ley. Esto implica que todas las personas, sin distinción de sexo, deben gozar de los mismos derechos y oportunidades.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las decisiones que afecten a los niños, su interés superior debe ser una consideración primordial. Esto se traduce en la necesidad de garantizar un entorno familiar que favorezca su desarrollo integral.
La normativa debe reflejar la corresponsabilidad de ambos progenitores en la crianza y educación de sus hijos, evitando estereotipos de género que perpetúen la idea de que uno de los padres es el único responsable o el más adecuado para la tenencia.
Las disposiciones impugnadas, en particular aquellas que regulan la tenencia de los hijos, han sido cuestionadas por su posible carácter discriminatorio y por no alinearse con los principios de igualdad y corresponsabilidad parental. Se argumenta que estas normas perpetúan estereotipos de género que asignan roles tradicionales a hombres y mujeres, lo que puede afectar negativamente el desarrollo de los niños y la dinámica familiar.
El análisis de constitucionalidad revela que las disposiciones impugnadas no solo contravienen los principios de igualdad y no discriminación, sino que también desatienden el interés superior del niño y la corresponsabilidad parental. En consecuencia, es imperativo que el legislador revise y modifique estas normas para alinearlas con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano.
Se recomienda la modificación de las disposiciones que regulan la tenencia de los hijos, para garantizar que se promueva la igualdad de derechos entre ambos progenitores y se eliminen los estereotipos de género. Es fundamental implementar programas de sensibilización y capacitación para jueces, abogados y funcionarios públicos sobre la importancia de la igualdad de género y la corresponsabilidad parental en el ámbito familiar.
Se sugiere establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar que las reformas legislativas se implementen de manera efectiva y que se respeten los derechos de todos los involucrados en el proceso de tenencia. Este análisis de constitucionalidad subraya la necesidad de un enfoque integral que promueva la igualdad y la justicia en el ámbito del derecho de familia, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su género, puedan ejercer plenamente sus derechos.
Decisión:
Con seis votos a favor y dos votos salvados, en sesión ordinaria el 24 de noviembre de 2021, se declara la inconstitucionalidad de las frases:
(1) "la patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre" y (2) "se preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija", contenidas en los numerales 2 y 4 del Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia (2003, pág. 28). Con resolución publicada en el Registro Oficial Suplemento 262 de 17 de enero de 2022, se declara la inconstitucionalidad de las frases que establecen preferencia materna.
Con todos estos antecedentes de hecho, la Corte Constitucional resuelve:
1. Aceptar parcialmente la acción planteada.
2. Disponer la aplicación de igualdad y corresponsabilidad parental sin distinciones de género.
3. Determinar la tenencia a través de un análisis caso por caso, anteponiendo el interés superior del niño.
4. Exhortar a eliminar el trato discriminatorio en las normas sobre derecho de familia.
Conclusión
La sentencia de la Corte Constitucional marca el inicio de una nueva etapa en el derecho de familia, promoviendo un modelo de parentalidad responsable sin sesgos de género tras rupturas de pareja. Para implementar estos cambios, el sistema judicial y las autoridades relacionadas enfrentarán desafíos significativos. Los operadores de justicia, como jueces y peritos, necesitarán capacitación para eliminar estereotipos que afectan los derechos de los progenitores y los menores. Es crucial establecer protocolos y peritajes que eviten visiones sesgadas sobre los roles de padres y madres.
En los procesos de tenencia, se deben priorizar evaluaciones psicosociales rigurosas que analicen cada situación particular, garantizando así el interés superior del menor. Además, es fundamental monitorear la aplicación de este fallo para evitar efectos negativos inesperados.
La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de impulsar reformas legislativas que eliminen cualquier indicio de diferenciación o trato desigual entre progenitores por razón de género. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el sistema de justicia y el ámbito legislativo, esta decisión judicial podrá traducirse en mejoras reales para garantizar los derechos de padres, madres y, especialmente, de los hijos e hijas menores de edad, quienes son los principales afectados en situaciones de conflicto familiar. El objetivo final debe ser siempre salvaguardar sus derechos y bienestar integral.
La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de impulsar reformas legislativas que eliminen cualquier indicio de diferenciación o trato desigual entre progenitores por razón de género. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el sistema de justicia y el ámbito legislativo, esta decisión judicial podrá traducirse en mejoras reales para garantizar los derechos de padres, madres y, especialmente, de los hijos e hijas menores de edad, quienes son los principales afectados en situaciones de conflicto familiar. El objetivo final debe ser siempre salvaguardar sus derechos y bienestar integral.
Si quieres descargar la sentencia de la Corte Constitucional puedes hacerlo aquí (descargar PDF).